La propuesta impulsada por el diputado Felipe Camaño busca que el Gobierno adopte medidas para mejorar las condiciones de comercialización de la uva y resguardar a los pequeños y medianos productores frente a posibles abusos en la fijación de precios.
Una iniciativa orientada a fortalecer la transparencia en el mercado de la uva y proteger a los pequeños y medianos viñateros de la Región de Ñuble fue impulsada por el diputado Felipe Camaño, quien informó la aprobación de una solicitud de resolución que pide al Presidente de la República implementar medidas concretas en esta materia.
El documento oficial, presentado el 16 de abril de 2026 ante la Cámara de Diputadas y Diputados, plantea la necesidad de establecer condiciones más transparentes y mecanismos de pago más justos para quienes producen uva, una actividad fundamental para la economía rural y la identidad vitivinícola de la zona.
Precios transparentes y mayor protección para los productores
La iniciativa busca enfrentar las dificultades que afectan a los agricultores durante la comercialización de sus cosechas, particularmente en lo relacionado con la determinación de precios y las diferencias de información entre productores y compradores.
La preocupación cuenta con antecedentes institucionales. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha advertido que existen dificultades para determinar objetivamente la calidad de la uva vinífera y que la falta de información efectiva sobre los precios de referencia puede limitar la capacidad de los productores para decidir cuándo y a quién vender su cosecha.
Entre las medidas recomendadas por el organismo se encuentran establecer parámetros objetivos para evaluar la calidad de la uva, fortalecer la fiscalización y mejorar la publicación y el acceso a los precios de referencia.
Un tema clave para la Región de Ñuble
La comercialización de la uva representa una actividad económica relevante para las familias rurales de Ñuble, especialmente en territorios con tradición vitivinícola, como el Valle del Itata.
En este contexto, la iniciativa busca que el Estado avance en herramientas que permitan mejorar las condiciones de negociación de los productores y entregar mayor información al momento de comercializar sus cosechas.
Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) fiscaliza el cumplimiento de las normas vigentes sobre transacciones comerciales de uva vinífera, incluyendo la publicación de precios de referencia, la calibración de los equipos de pesaje y la entrega de documentación sobre las operaciones.
La aprobación de esta solicitud constituye un paso institucional para solicitar nuevas medidas al Ejecutivo. Sin embargo, no significa por sí sola la creación de una nueva ley ni la implementación automática de cambios en el mercado, ya que corresponde al Gobierno evaluar y adoptar las acciones pertinentes.






