El parlamentario anunció que oficiará al Ministerio del Interior y solicitará que se evalúe la continuidad del Delegado Presidencial Regional, tras cuestionar la autorización del Mountain Fest mientras la región permanecía bajo Alerta Roja por el sistema frontal.
A través de un comunicado público, el diputado por Ñuble, Francisco Crisóstomo Llanos, manifestó su rechazo a la decisión de la Delegación Presidencial Regional de autorizar la realización de un evento masivo en el sector Las Trancas, en medio de la emergencia provocada por el reciente sistema frontal que afectó a la región.
El parlamentario calificó la determinación como «incomprensible», señalando que mientras miles de familias enfrentaban inundaciones, rutas cortadas y restricciones de acceso a la cordillera, se permitió una actividad que reunió a más de 2.000 asistentes, en circunstancias en que la región se encontraba bajo Alerta Roja y con más de 5.000 personas afectadas por las intensas lluvias.
Crisóstomo sostuvo que el desarrollo del evento implicó el despliegue de recursos de emergencia, como Bomberos, Carabineros y equipos de salud, que —a su juicio— debían estar concentrados en atender a las comunidades afectadas por la contingencia.
Asimismo, planteó que, de haberse registrado un accidente o un deslizamiento de tierra durante la actividad, las consecuencias podrían haber sido graves debido a las condiciones climáticas y a los caminos interrumpidos.
En su declaración, el diputado emplazó al Delegado Presidencial Regional a explicar los antecedentes técnicos que respaldaron la autorización del evento, quiénes participaron en la decisión y si se evaluaron adecuadamente los riesgos asociados a realizar una actividad de esa magnitud durante una emergencia regional.
Además, anunció que ejercerá sus facultades fiscalizadoras mediante oficios al Ministerio del Interior y a los organismos competentes para esclarecer el proceso de autorización. Junto con ello, adelantó que solicitará que el Gobierno evalúe la continuidad del Delegado Presidencial en el cargo, argumentando que decisiones de esta naturaleza afectan la confianza ciudadana en la conducción de una emergencia.
Finalmente, Crisóstomo afirmó que, en situaciones de catástrofe, las prioridades deben centrarse en la protección de las personas, el resguardo de los recursos de respuesta y la coherencia entre las medidas que se exigen a la ciudadanía y las decisiones que adoptan las autoridades.
